3 Diciembre 2019
mercadoigualitario

María José Soler Fraile, responsable de Evaluación y Seguimiento del Área de Empleo de la Fundación Santa María la Real  e integrante de la Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación (APROEVAL) escribe este artículo sobre la brecha de género en el mercado laboral, las incoherencias en las políticas públicas y cómo la evaluación es una herramienta clave para el cambio.

El mercado de trabajo constituye uno de los ámbitos más sensibles en cuanto a las desigualdades que surgen entre mujeres y hombres, como ya apunta una extensa literatura (OIT Departamento de Política de Empleo; CNT (*1 ); lo que provoca condiciones de extrema vulnerabilidad hacia el empleo, debido a diferentes relaciones de poder como la división sexual del trabajo, con el llamado fenómeno de segregación ocupacional tanto vertical como horizontal, la discriminación salarial y una menor representación en las posiciones de mando y toma de decisiones.

Las políticas activas de empleo son un instrumento de intervención directa de los gobiernos en este mercado para prevenir o aliviar el desempleo, y para mejorar su funcionamiento con medidas de inserción, formación, orientación y políticas de promoción de creación de empleo que inciden sobre la oferta y la demanda de trabajo, aumentando la empleabilidad y fomentando la creación de nuevos empleos (*2).

Sin nos aproximamos al último Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) de 2018, contemplamos que tiene seis grandes ejes de actuación que suman más de 5.500 millones de euros. El cuarto es el destinado a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, cuenta con el menor presupuesto de todos los ejes (900 millones de euros)  y con el mejor número de servicios y programas (26 frente a los 168 previstos para el eje relativo al Emprendimiento o los 104 del eje dedicado a la Orientación), haciendo referencia en algún caso a programas o servicios de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar y, de manera muy escasa, a la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.

Hay que recordar que la igualdad de género tiene una larga historia de desarrollo de políticas públicas en la Unión Europea, cuyo origen reside en el Tratado de Roma de 1957. Desde entonces, se han adoptado 13 directivas en el ámbito de la igualdad de género, como las relativas al salario igualitario y la seguridad social, la protección a las mujeres embarazadas y las personas con permiso parental.

La evaluación desde el enfoque de género favorece el mainstreaming de género a través de la incorporación transversal de la teoría de género, desde el análisis de la demanda hasta la redacción del informe final. Su finalidad no sólo tiene que ver con corregir los efectos de la desigualdad y discriminación por razón de sexo, sino también con la mejora del funcionamiento y eficacia de las políticas públicas y de las organizaciones (Mª Luisa Soleto, 2007). Por lo tanto, la evaluación con enfoque de género es un motor para impulsar esta estrategia.

Si bien es cierto, que ya empezamos a encontrar evaluaciones de políticas públicas con enfoque de género, uno de los aspectos olvidados y en los que menos se ha profundizado ha sido la coherencia entre las políticas públicas. La especificidad que distingue al enfoque de políticas sitúa como única unidad de análisis a la propia política y puede generar un problema de miopía: concentrarnos detenidamente en cada política pública sin revisar el conjunto, o creer que este conjunto de políticas públicas, de forma automática, se relaciona armónicamente entre sí. Pero un conjunto de políticas públicas bien diseñadas e implementadas no es lo mismo que políticas que, en agregado, se complementan o refuerzan para resolver los problemas complejos, como es el que nos ocupa: la desigualdad de género en el ámbito del empleo.

Si analizamos la interacción entre los resultados y el proceso de implementación de los espacios de política de forma horizontal, encontramos que los espacios de política interactúan de esta forma cuando los instrumentos que uno utiliza para alcanzar sus objetivos están afectando (positiva o negativamente) el logro de los objetivos de otro espacio de política (Nilsson et al., 2012).

Sin embargo, en las Políticas de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral y, en concreto en los permisos de maternidad y la protección del empleo a tiempo parcial, en un primer momento, todo apunta a que cuánto más prolongados sean, aumentará la participación femenina en el mercado de trabajo. Sin embargo, estas políticas pueden tener efectos negativos en el lado de la oferta, dado que ausentan a las mujeres del puesto de trabajo durante demasiado tiempo, o están incentivando el empleo a tiempo parcial. Por el lado de la demanda, estas políticas pueden generar discriminación estadística, desincentivando la contratación y promoción de mujeres en edad de tener hijos, si el tejido empresarial anticipa que las trabajadoras se acogerán a sus generosos beneficios.

Las tasas de empleo de las mujeres (25 a 49 años) con hijos menores de 12 años son menores a las tasas de empleo de las mujeres de la misma edad sin hijos.

En el caso de los hombres sucede lo contrario, las tasas de empleo de los hombres de 25 a 49 años con hijos son superiores a las de los hombres de la misma edad sin hijos.

INE 2016 - 81% hombres sin hijos, 84% hombres con hijos/ mujeres sin hijos 68%, con hijos 62%)

En la interacción vertical, los espacios de política de un ámbito de gobierno se encuentran afectando los de otro ámbito de gobierno (Nilsson et al., 2012). En este caso, la interacción vertical entre espacios de política sería coherente si, por ejemplo, la política de educación estuviera contribuyendo al logro de los objetivos de superación de las barreras de acceso al mercado de trabajo de las mujeres de las políticas de empleo.

Por el contrario, observamos una falta de progreso político sustancial (a nivel autonómico) y legislativo (estatal) en la provisión de educación pública para los niños y niñas de cero a tres años, donde se fomenta la desigualdad de género y de clase, encontrando que el número de excedencias de mujeres por cuidados va en aumento, dado que no existe una oferta suficiente de plazas en centros públicos. Por tanto, aquellas parejas y matrimonios con hijos menores y recursos económicos limitados son más propensos a reproducir la división sexual del trabajo.

Se trata, por tanto, de promover la utilización de la evaluación para el análisis detallado de la forma en la que el espacio de las políticas públicas activas de empleo se ven afectadas por la existencia de otras, comprobando si existe una coordinación adecuada entre la implementación de los componentes y de las acciones previstas para el logro de los objetivos que integran cada una, de tal manera, que contribuya a una toma de decisiones en la que se reconozca cómo los resultados de una, afectan a la otra (*3).

 

 

(1).  http://cnt.es/sites/default/files/CNT_Desemplo_y_Mujer_en_la_crisis.pdf

(2). Artículo 10 del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo

(3). http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v25n1/v25n1a1.pdf